La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el caso de la Superliga, que acaba de hacerse pública, trastocará la gobernanza del fútbol, casi como lo hizo la sentencia Bosman a principios de los años noventa.

“Fútbol, Incluso más”, apuntaba el periodista Miguel Delaney en The Independent pocas horas después de conocerse el fallo. Recordemos que la resolución del caso Bosman, en el que el jugador belga Jean-Marc Bosman demandó a su club, el RFC Lieja, obligó a la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA) a cambiar algunas de sus normas.

Ciertamente, de decisiones judiciales que hayan transformado el fútbol tal y como lo conocemos, desde la fundación de la UEFA en 1954 hasta día de hoy, la de aquel caso fue icónica. Pero que ahora el TJUE haya concluido que “las normas de la FIFA y de la UEFA sobre la autorización previa de las competiciones de fútbol de clubes, como la Superliga, violan el Derecho de la Unión” abre un escenario que nadie controla con relación a cómo evolucionará y funcionará en el futuro la industria del fútbol.

Porque, aunque, por ejemplo en el caso de España, LaLiga haga su interpretación de la sentencia y su presidente, Javier Tebas, diga que determinados periodistas “intoxican” a la opinión pública, lo cierto es que la FIFA y la UEFA pierden el poder sancionador que se autootorgaron durante el punch de 2021 contra el Real Madrid, el FC Barcelona y la Juventus de Turín, principalmente, cuando esos clubes plantearon organizar la Superliga, una competición liderada por los equipos más poderosos de Europa. Lo pierden, definitivamente.

El TJUE deja claro que las normas de la FIFA y la UEFA son restrictivas para la competencia y que estas dos organizaciones no pueden convertirse en árbitros de una industria que tendría que funcionar libremente en el marco de la Unión. De nuevo, la UE recupera su razón de ser cuando es hora de garantizar la libre competencia en su mercado interno.

Los promotores evitan las sanciones

Deportivamente, el Real Madrid y el FC Barcelona, principales impulsores de la Superliga, evitan las sanciones y podrán continuar trabajando con proyectos de creación de nuevas competiciones. Como recuerda Jordi Badia Perea en su tesis doctoral, el desequilibrio económico, competitivo y mediático de la actual pirámide competitiva es el origen de todo.

El mismo día del fallo, a través de la compañía A22 Sports Management, los promotores han oficializado una nueva propuesta con 64 clubes repartidos en tres ligas para la competición masculina y 32 clubes divididos en dos ligas en la competición femenina. Ahora, la clave es encontrar socios que los sigan y puedan, sin miedo, plantar cara al actual monopolio competitivo que la FIFA ha creado.

Atraer socios es la clave si quieren hacer triunfar sus propuestas. Y aquí es cuando la disciplina del derecho se difumina para dar paso a los equilibrios económicos y políticos. O lo que viene a ser lo mismo: ahora es el momento de ver quién tiene más poder.

Así lo analizamos con el compañero Carles Viñas en un artículo publicado en Frontiers in Sport and Active Living, donde dejamos claro que fue la geopolítica la que frenó en 2021 la Superliga o va a permitir (a partir de ahora) la creación de nuevas competiciones como las que ya proponen el Real Madrid y el Barcelona.

El fútbol, actividad económica en la Unión Europea

Pero sobre todo, la decisión del TJUE sitúa el fútbol como una actividad económica más dentro de la Unión. Dice el tribunal que el fútbol y la explotación de sus derechos son “claramente actividades económicas”. Y, consecuentemente, “estas actividades deben respetar las normas en materia de competencia y las libertades de circulación, a pesar de que el deporte, como actividad económica, presente ciertas características específicas, como la existencia de asociaciones dotadas de facultades normativas, de control y sancionadoras”.

No es una cuestión menor. Recordemos que quienes se opusieron a la Superliga –no ya al proyecto de 2021, sino a todos los anteriores que ha habido desde finales de los ochenta– defendían que el fútbol es un activo cultural a proteger o que se debía conservar la meritocracia que forja su pirámide competitiva.

Estos argumentos han sido repetidos y explotados para deslegitimar cualquiera de los proyectos de nuevas competiciones que han situado “la maximización del beneficio” como base de su funcionamiento, al estilo de las grandes ligas norteamericanas.

En el futuro, que los proyectos que Real Madrid y FC Barcelona –oficializados a través de A22 Sports Management– avancen depende del equilibrio de poderes entre múltiples grupos de interés. No obstante, hay un elemento que reconfigura las relaciones de poder entre ellos: todos estos grupos saben que han de competir en igualdad de condiciones. Por este motivo, los promotores de la Superliga podrán volver a intentar convencer a otros clubes de que un modelo de gobernanza donde ellos estén en el centro es mucho más viable (económica y deportivamente) a largo plazo.

Por el mismo motivo, la FIFA y la UEFA, así como la Asociación de Clubes Europeos (ECA) y las ligas involucradas, tendrán que sentarse a negociar con los clubes mejoras en el sistema de gobierno de sus competiciones que permitan que estos –los generadores reales del negocio y quienes “pagan la fiesta” a través de sus cuentas de explotación– se sientan más partícipes del reparto de beneficios. Una vez que el TJUE ha sentenciado, la dinámica del mercado los hará sentar todos en la misma mesa de negociación. Competencia e igualdad.

Los aficionados tienen derecho a quejarse

Todo ello, bajo la atenta mirada de aficionados que tienen todo el derecho a pedir que la disneyficación del fútbol no vaya en contra de los valores históricos que han hecho de este deporte un activo de creación de identidad territorial (la geografía del fútbol, apelando al concepto de “nuevas geografías” del profesor Joan Nogué). O de gobiernos como el británico, que políticamente ha vinculado la Premier League con su estrategia de diplomacia pública para usarla como activo de posicionamiento global después del Brexit.

Crear una nueva competición continuará siendo un proyecto titánico para sus promotores, pero la decisión del TJUE abre la puerta a que puedan trabajar con garantías. Y, si no acaban materializándola, habrán obtenido una posición de fuerza para que sus reivindicaciones –que también son las de otros clubes que se han bajado del carro– ayuden a reconfigurar el tablero de intereses y productos de la geopolítica económica del fútbol.

Acerca del autor de este artículo académico: Xavier Ginesta, Associate professor, Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

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